GRUPOS FEMINISTAS PRESIONAN PARA QUE ADOLESCENTE ABORTE A SU BEBÉ EN PERÚ
Grupos feministas presionaron al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) para que apruebe la aplicación del mal llamado aborto “terapéutico” de un bebé de más de 20 semanas de gestación.
Grupos que promueven la despenalización del aborto hicieron este pedido a través de las redes sociales y por medio de “plantones” frente al Hospital Rebagliati, del Seguro Social, donde se atiende a la menor. El caso se dio a conocer de manera pública cuando la menor se encontraba en la última semana en la que se podía efectuar el mal llamado “aborto terapéutico” según la normativa peruana, es decir, antes de las 22 semanas.
En Perú desde 1924, de acuerdo al Código Penal, el aborto terapéutico es un delito “no punible”, es decir que no tiene pena de cárcel.
En junio del 2014 el Ministerio de Salud aprobó la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas”.
Desde aquel año los gremios médicos más importantes del país como la Federación Médica Peruana, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Médico se han expresado contra el documento anti-vida y exigieron su derogación.
“(El documento) no nos ayuda absolutamente para nada y no sirve para nada (...). En el campo médico siempre el criterio ha primado por preservar la vida tanto de la madre como la del bebé”, dijo a la prensa en julio de 2014, Jesús Bonilla, el entonces presidente de la Federación Médica Peruana.
El diario El Comercio informó que la joven de 13 años tiene un embarazo producto de una violación y padece de un mal renal sumado a una peritonitis. Por su parte, el programa Día D, informó que la menor fue ultrajada por su vecino quien, a pesar de confesar el crimen, aún no ha sido detenido.
“Los protocolos de atención en estos casos se cumplen de manera irrestricta, protegiendo la vida y en el marco de la ley. En el caso de la menor, materia de comentarios en las redes sociales y medios de comunicación, debemos informar que viene recibiendo atención médica en la Red Prestacional Rebagliati, en estricto cumplimiento de los protocolos médicos y legales”, informa el texto.
Finalmente, EsSalud resaltó que es una institución “respetuosa de la privacidad y confidencialidad que merecen” sus asegurados.
En entrevista con ACI Prensa el médico y capellán de EsSalud, P. Pablo Augusto Meloni Navarro, dijo que la ley existente sobre el mal llamado aborto terapéutico, normada en el artículo 119 del Código Penal, “es muy clara y se refiere a los casos donde sea el único medio para salvar la vida de la madre, en caso no se pueda salvar simultáneamente la vida del niño”.
“No se trata de un derecho al aborto, sino una medida desesperada que, ante la imposibilidad de salvar ambas vidas, se opta por la vida de la madre cuando ya no hay ninguna otra opción. Eso es lo que norma la ley”, dijo el P. Meloni.
Por otra parte, denunció la “interpretación antojadiza que hacen los promotores del aborto” en la que buscan “extender la aplicación para que el asesinato de los niños sea irrestricto, como si fuera un derecho”. “Lo que es contrario a la Constitución y a lo que señalan todas las políticas públicas que protegen a la madre y al niño en el Perú”, añadió.
Acerca de la “Guía Técnica Nacional para la Interrupción Voluntaria del embarazo”, el médico reiteró que se refiere a embarazos de menos de 22 semanas en los “que se ponga en riesgo la vida de la madre y no exista posibilidad alguna de que sobreviva”.
Además, aclaró que la forma en la que se produjo una gestación no forma parte del protocolo, y por ello denunció a los grupos promotores del aborto que “quieren hacer la conexión entre violación y la aplicación del mal llamado aborto terapéutico”.
Sobre el caso de la joven de 13 de años, el P. Meloni dijo que, si tuviera menos de 22 semanas de gestación y existiera un riesgo inminente de muerte o daño grave, “estaría dentro de los considerandos del protocolo”.
Sin embargo, destacó que “los médicos del Hospital Rebagliati son sumamente profesionales, rigurosos y conocen de este protocolo”.
“Entonces, este caso no puede ser producto de presión mediática, de grupos interesados que a través de ONG financian el aborto como un ‘derecho’ y pretenden presionar y manipular para que ya no se efectúen los criterios estrictamente médicos”, añadió el especialista.
La situación de la menor de edad embarazada
Por su parte, Sergio Burga, investigador de la Oficina para América Latina del Population Research Institute, sostuvo que casos como los de la menor de 13 años son “dolorosos”, pero “necesitan del apoyo de nuestras autoridades sanitarias y el de la sociedad, porque evidentemente se trata de un embarazo que requiere mucho más cuidado”.
Sin embargo, recordó que el ordenamiento jurídico del Perú “es claro y frente a esa situación prevé salvar las dos vidas”.
“Estamos hablando ya no de una menor, sino de dos menores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y tanto las autoridades de salud, como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público deben procurar garantizar el bienestar de ambas vidas y de capturar al violador, que está plenamente identificado, y ponerlo en prisión”, aseguró Burga.
Por otra parte, también lamentó que diversos grupos de “periodistas, ONG proaborto y funcionarios con una marcada agenda ideológica” intenten “exigir que la menor sea sometida a abortar a su bebé, con la excusa del ‘aborto terapéutico’”.
“Es decir la menor que ha pasado por el trauma de la violación, quieren que además pase por el trauma mayor de abortar a su hijo, un procedimiento mucho más invasivo y peligroso para la menor”, aseguró.
Finalmente, Burga hizo llamado a la sociedad a ser siempre “solidarios con ambas vidas”. En ese sentido, pidió ayuda económica para la adolescente de 13 años.
El diario El Comercio compartió recientemente la siguiente cuenta del Banco de Crédito: 194-9356-6313-025, a fin de colaborar con la menor y su hijo.
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Por Diego López Marina | ACI Prensa
Grupos que promueven la despenalización del aborto hicieron este pedido a través de las redes sociales y por medio de “plantones” frente al Hospital Rebagliati, del Seguro Social, donde se atiende a la menor. El caso se dio a conocer de manera pública cuando la menor se encontraba en la última semana en la que se podía efectuar el mal llamado “aborto terapéutico” según la normativa peruana, es decir, antes de las 22 semanas.
En Perú desde 1924, de acuerdo al Código Penal, el aborto terapéutico es un delito “no punible”, es decir que no tiene pena de cárcel.
En junio del 2014 el Ministerio de Salud aprobó la “Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas”.
Desde aquel año los gremios médicos más importantes del país como la Federación Médica Peruana, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Derecho Médico se han expresado contra el documento anti-vida y exigieron su derogación.
“(El documento) no nos ayuda absolutamente para nada y no sirve para nada (...). En el campo médico siempre el criterio ha primado por preservar la vida tanto de la madre como la del bebé”, dijo a la prensa en julio de 2014, Jesús Bonilla, el entonces presidente de la Federación Médica Peruana.
El diario El Comercio informó que la joven de 13 años tiene un embarazo producto de una violación y padece de un mal renal sumado a una peritonitis. Por su parte, el programa Día D, informó que la menor fue ultrajada por su vecino quien, a pesar de confesar el crimen, aún no ha sido detenido.
Tras la presión ejercida sobre EsSalud, la institución emitió un comunicado el 7 de marzo garantizando que en todos sus centros de asistencia a nivel nacional hay “una adecuada y oportuna atención a las mujeres gestantes; de manera especial a la menores de edad que han sufrido agresión sexual”.
Finalmente, EsSalud resaltó que es una institución “respetuosa de la privacidad y confidencialidad que merecen” sus asegurados.
En entrevista con ACI Prensa el médico y capellán de EsSalud, P. Pablo Augusto Meloni Navarro, dijo que la ley existente sobre el mal llamado aborto terapéutico, normada en el artículo 119 del Código Penal, “es muy clara y se refiere a los casos donde sea el único medio para salvar la vida de la madre, en caso no se pueda salvar simultáneamente la vida del niño”.
“No se trata de un derecho al aborto, sino una medida desesperada que, ante la imposibilidad de salvar ambas vidas, se opta por la vida de la madre cuando ya no hay ninguna otra opción. Eso es lo que norma la ley”, dijo el P. Meloni.
Por otra parte, denunció la “interpretación antojadiza que hacen los promotores del aborto” en la que buscan “extender la aplicación para que el asesinato de los niños sea irrestricto, como si fuera un derecho”. “Lo que es contrario a la Constitución y a lo que señalan todas las políticas públicas que protegen a la madre y al niño en el Perú”, añadió.
Acerca de la “Guía Técnica Nacional para la Interrupción Voluntaria del embarazo”, el médico reiteró que se refiere a embarazos de menos de 22 semanas en los “que se ponga en riesgo la vida de la madre y no exista posibilidad alguna de que sobreviva”.
Además, aclaró que la forma en la que se produjo una gestación no forma parte del protocolo, y por ello denunció a los grupos promotores del aborto que “quieren hacer la conexión entre violación y la aplicación del mal llamado aborto terapéutico”.
Sobre el caso de la joven de 13 de años, el P. Meloni dijo que, si tuviera menos de 22 semanas de gestación y existiera un riesgo inminente de muerte o daño grave, “estaría dentro de los considerandos del protocolo”.
Sin embargo, destacó que “los médicos del Hospital Rebagliati son sumamente profesionales, rigurosos y conocen de este protocolo”.
“Entonces, este caso no puede ser producto de presión mediática, de grupos interesados que a través de ONG financian el aborto como un ‘derecho’ y pretenden presionar y manipular para que ya no se efectúen los criterios estrictamente médicos”, añadió el especialista.
La situación de la menor de edad embarazada
Por su parte, Sergio Burga, investigador de la Oficina para América Latina del Population Research Institute, sostuvo que casos como los de la menor de 13 años son “dolorosos”, pero “necesitan del apoyo de nuestras autoridades sanitarias y el de la sociedad, porque evidentemente se trata de un embarazo que requiere mucho más cuidado”.
Sin embargo, recordó que el ordenamiento jurídico del Perú “es claro y frente a esa situación prevé salvar las dos vidas”.
“Estamos hablando ya no de una menor, sino de dos menores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y tanto las autoridades de salud, como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público deben procurar garantizar el bienestar de ambas vidas y de capturar al violador, que está plenamente identificado, y ponerlo en prisión”, aseguró Burga.
Por otra parte, también lamentó que diversos grupos de “periodistas, ONG proaborto y funcionarios con una marcada agenda ideológica” intenten “exigir que la menor sea sometida a abortar a su bebé, con la excusa del ‘aborto terapéutico’”.
“Es decir la menor que ha pasado por el trauma de la violación, quieren que además pase por el trauma mayor de abortar a su hijo, un procedimiento mucho más invasivo y peligroso para la menor”, aseguró.
Finalmente, Burga hizo llamado a la sociedad a ser siempre “solidarios con ambas vidas”. En ese sentido, pidió ayuda económica para la adolescente de 13 años.
El diario El Comercio compartió recientemente la siguiente cuenta del Banco de Crédito: 194-9356-6313-025, a fin de colaborar con la menor y su hijo.
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