“Las hermanas Carmelitas son personas cristalinas y transparentes: no mienten. Que la Madre Priora haya llegado al punto de realizar esta denuncia quiere decir que lo hace desde el estado de desesperación más grande que le puede traer el miedo. Es muy fuerte lo que digo, porque es muy fuerte escucharlas”, le dijo al medio Infobae la abogada Claudia Zerda Lamas, quien el último martes 12 de abril —junto a su colega José Viola— dio ingreso en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG) del Poder Judicial de Salta la acusación formal realizada por tres monjas de clausura de la orden Carmelitas Descalzas contra el Monseñor Mario Antonio Cargnello —Arzobispo de la Arquidiócesis de la provincia— por violencia de género, según le confirmaron a este medio fuentes judiciales.
El caso estalló a nivel local justo en la antesala de Semana Santa y recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación, a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno.
“Se ha llegado a un punto límite tal de dolor y sufrimiento que no le quedó otro camino a la Madre Priora que instruirnos para poner freno a esta serie de amenazas y descalificativos —detalló la abogada—. Es un sufrimiento muy agraviante que no es un hecho aislado. Es consecuencia de muchos años de malestar con el señor Arzobispo”.
“Lo que la denuncia busca es que cese el peligro y cesen los actos de violencia física y/o psicológica contra la Priora y también contra las otras hermanas Carmelitas que están dentro del monasterio. Lo que están sufriendo es por su condición de mujer”, remarcó Zerda Lamas. “También se agrava por la desigualdad en relación de poder que implica la superioridad jerárquica que tiene en el plano eclesiástico el señor Arzobispo”, fundamentó la abogada.
José Viola y Claudia Zerda Lamas son las abogadas patrocinantes de las monjas y también quienes le dieron ingreso a la denuncia ante la OVFG en representación de la madre priora María Fátima del Espíritu Santo, responsable de la orden de clausura Carmelitas Descalzas en la capital salteña. La abogada no accedió a brindar detalles sobre los hechos denunciados, pero insistió que se trata de una acusación “muy seria y muy fundada”
La denuncia, a su vez, no sólo apuntó contra Cargnello. También lo hizo con el obispo emérito Martín de Elizalde y agregó luego al sacerdote colaborador de la Catedral salteña Lucio Ajaya. “Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín, por violencia de género”, indica la carátula oficial, tal como precisaron fuentes judiciales a este medio.
La jueza Cáceres Moreno, como primera medida cautelar, intimó “al sr Arzobispo monseñor mario Antonio Cargnello, Monseñor Martín De Elizalde y sacerdote Lucio Ajaya a abstenerse de ejercer actos de violencia de todo tipo y bajo cualquier modalidad en contra de las víctimas (la madre priora y otras dos monjas citadas con nombre de fantasía e identidad civil) y las demás hermanas del monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta”.
A su vez, Cáceres Moreno impuso una una orden de restricción perimetral y le prohibió a Cargnello, De Elizalde y Ajaya acercarse a menos de 300 metros del domicilio de las víctimas, ubicado en el cruce de las calles céntricas Caseros y Santa Fe, a cinco cuadras de la Catedral salteña. La jueza también ordenó custodia policial en el Monasterio San Bernardo y, por último, fijó una audiencia entre las partes para el martes 3 de mayo a las 9 de la mañana.
En este sentido, justamente el lunes de esta semana, el Arzobispo salteño se presentó ante la Justicia acompañado por su abogado defensor, Eduardo Romani (ex presidente del Colegio de Abogados y Decano de la facultad de Derecho de la Ucasal) y pidió la “prórroga de plazos”. Se cree que el pedido busca dilatar la audiencia de las partes.
Desde la defensa del Arzobispo, consultados por Infobae, sostienen que la abogada de las denunciantes realiza declaraciones a los medios que “no concuerdan con la supuesta denuncia” y garantizan que no hubo “ningún acto de violencia” por parte del religioso.
El caso explotó en la antesala a Semana Santa y los días siguientes transitaron con el Arzobispo en el ojo de la tormenta. Tras las medidas cautelares y la definición de una fecha para la audiencia de las partes ante la Justicia, las miradas de los medios locales estuvieron puestas sobre el discurso de Cargnello el último Viernes Santo, tras el Vía Crucis. Allí, luego de la ceremonia realizada en el Cerro San Bernardo —a pocas cuadras de la Catedral y el Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas—, El Tribuno consultó al religioso sobre las acusaciones “pero solo contestó que no va a dar declaraciones al respecto”, señaló el diario salteño.
La denuncia, a su vez, se registra en el marco de una marcada y profunda interna vinculada a la popular Virgen del Cerro, un culto que ganó miles de fieles en las últimas décadas y que sigue sin ser reconocido de manera oficial por la iglesia católica. La Arquidiócesis salteña, encabezada por Cargnello, la rechaza con contundencia; mientras que Carmelitas Descalzas respaldan el fenómeno religioso que desde los ‘90 se aparece ante Doña María Livia, una mujer que asegura escuchar el mensaje de la Virgen María a través del cual “sana” y concede milagros a la multitud de fieles que se congregan en el cerro 20 de Febrero.
“Lo que piden las hermanas es que se respete el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Eso está contemplado por la ley provincial y nacional, para que se proteja su integridad física y psicológica. Para que puedan gozar de un trato digno”, enfatizó Zerda Lamas. Y en relación al conflicto alrededor de la Virgen del Cerro, señaló: “No es menor también pedir y exigir libertad de creencia y de pensamiento sobre todo para evitar cualquier intromisión y cualquier conducta que perturbe el diario vivir de las hermanas. Ellas son monjas de clausura. Son monjas dedicadas al trabajo y a la oración. Dentro del claustro priman la unción y el silencio. Estas cosas a ellas las perturba muchísimos porque las saca de lo que es la espiritualidad carmelitana que han elegido al entrar al convento”.
La primera aparición de la Virgen del Cerro data del año 1990. “Las hermanas Carmelitas aman a la Virgen, aman a la Virgen del Milagro y aman profundamente a la inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús que se conoce vulgarmente como Virgen del Cerro, porque ellas por pedido de la Virgen rezan por la obra y los servidores. Y por hacerlo, no han descuidado un centímetro su misión como Carmelitas. Ellas acompañan el movimiento de fe de las apariciones de la virgen solamente con oración. Jamás han salido del claustro, jamás han ido al cerro. Jamás han hecho nada en contra ni de las órdenes del señor Arzobispo. Ellas simplemente creen”, detalla la abogada.
En este sentido, Zerda Lema agregó sobre la creencia de las monjas de clausura: “Esto no va en contra del dogma de fe de la iglesia. Las hermanas creen y han creído en las apariciones de la llamada Virgen del Cerro, y le han dado un apoyo espiritual y afectivo. ¿Pero cuál es el problema? Lo único que hace el convento es la oración. Eso creo que no es un pecado para la Iglesia Católica”.
“Acá el problema es que las hermanas están siendo hostigadas y maltratadas. Las hermanas Carmelitas son hermanas de clausura y viven de acuerdo con sus reglas y constituciones. Son monjas que viven en silencio, que tienen estrictos votos de obediencia, pobreza y castidad. Seguramente puede que haya quien piense que el motivo del disgusto (del Arzobispo) es que ellas creen en la aparición de la virgen y acompañan con su oración. Yo qué quiere que le diga: No veo nada malo en eso, porque son excelentes religiosas. Son muy queridas y respetadas en Salta, pero desgraciadamente están atravesadas por este problema”.
Carnello es el titulo de la diócesis donde hay dos curas condenados por abuso sexual y varias causas abiertas de abuso contra ex sacerdotes. Justamente durante la pandemia primero fue condenado Agustín Rosa Torino por abusar de dos novicios y una monja; y luego Gustavo Zanchetta.
Madre Priora es el nombre del rol que lleva las riendas del convento. Las hermanas también reclaman que se permita la elección democrática de esa autoridad entre las integrantes del monasterio, un acto electoral que desde hace dos años está parado, según sostienen. A raíz de esto, también denuncian violencia económica.
“La violencia económica tiene que ver con la falta de elección de la Priora. Ese acto eleccionario está postergado desde hace dos años. Esta situación de demora hace que las hermanas se vean impedidas de muchos actos jurídicos externos”, precisa la abogada. Esas cuestiones afectan el devenir económico en el convento, aseguran. “El Arzobispo, por una cuestión de que es la autoridad jerárquica, tiene que acompañar el acto eleccionario con su presencia pero simplemente no lo hace. Habría que preguntarle a él por qué lo demora”.
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