La batalla política es en la actualidad una batalla fiscal. Mientras las familias ajustan el presupuesto para hacer frente a la inflación, el Gobierno de España (PSOE y Unidas Podemos) y los gobiernos regionales en manos del PP —y algún socialista— han iniciado una carrera con direcciones opuestas: subida o bajada de impuestos. Mientras desde el centroderecha se argumenta que una menor presión fiscal aumenta los recursos públicos, la izquierda advierte de que se verán mermados los servicios públicos. En este contexto, la Iglesia no receta medidas concretas, pero sí aporta orientaciones desde su magisterio social. En la primera gran encíclica social de la Iglesia, la Rerum novarum de León XIII, de 1891, ya se toca esta cuestión. «La doctrina social de la Iglesia no es un manual. No trata todos los temas y los que trata no lo hace de forma sistemática y científica», recuerda Domingo Sugranyes, responsable del seminario de Ética Socioeconómica de la Fundación Pablo VI, que añade que en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2005), se habla de fiscalidad dentro del capítulo dedicado a las instituciones económicas al servicio del hombre. Una declaración de intenciones.
1. Bien común y subsidiariedad
José María Larrú, profesor del Diploma de Experto en Doctrina Social de la Iglesia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, apunta en primer lugar dos de los grandes principios de la doctrina social. «El bien común tiene que ver con condiciones de vida que permiten que las personas y las asociaciones lleven a cabo su vocación y proyecto. Y para eso están los impuestos», explica en conversación con Alfa y Omega. Continúa defendiendo la subsidiariedad, pues permite que los impuestos y el gasto «se puedan ejecutar en el nivel que esté más cerca del ciudadano, porque es donde está la información concreta».
2. Desarrollo y solidaridad
Cuando la doctrina social habla de finanzas públicas se refiere, en primer lugar, a su papel como instrumento de desarrollo y no como vía para la redistribución, abunda Sugranyes. Por esto, «la hacienda pública justa y eficiente debe favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener la actividad empresarial, las iniciativas sin ánimo de lucro y los sistemas de previsión, y acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y protección social». «La actividad fiscal debe servir al desarrollo solidario», añade.
3. Deber ético
También recalca que el pago de impuestos es un deber de solidaridad, un deber ético. «Nos guste o no, hay que pagar impuestos y, en nuestro país, mucha gente todavía no lo tiene claro. La doctrina es clara en este sentido. Hasta en lo más pequeño —¿le cobro con IVA o sin IVA?— no es ético sustraerse al pago de impuestos», recalca Sugranyes. Larrú cita el número 47 de la Populorum progressio de Pablo VI, que va un poco más allá con una llamada al compromiso: «¿Está dispuesto a pagar más impuestos para que los poderes públicos intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo?».
4. Racionalidad y equidad
La Iglesia también pone deberes al Estado como gestor de recursos. «Se establecen dos condiciones en la imposición de tributos: la racionalidad y la equidad. Esto es, que estén bien estructurados y que se puedan explicar», recoger Domingo Sugranyes. El profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala añade que tanto la Rerum novarum como la Quadragesimo anno (Pío XI) señalan que «no es lícito gravar la propiedad privada con exceso». «Los impuestos no deben ser confiscatorios, sino racionales y equitativos», explica. Además, se exige al Estado «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», como dijo Pío XI en Divinis Redemptoris.
Y aunque la Iglesia no da recetas, los expertos sí deducen medidas que se acercan a estos principios para el hoy. «Creo que hay que corregir los tramos del IRPF para adaptarlos a la inflación. Es una cuestión de justicia», añade Sugranyes. También ven compatible un mayor control del gasto. Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED y miembro de la Fundación Foessa, afirma que subir o bajar impuestos de forma indiscriminada «no es útil». Por ejemplo, explica que eliminar el de patrimonio apenas tiene impacto en los más vulnerables salvo por la pérdida de recursos públicos. «El planteamiento de que bajar impuestos en sí mismo aumenta el bienestar no es verdad. Esto no quiere decir que no se puedan revisar. Si queremos más bienestar, no nos podemos permitir bajarlos sustancialmente», añade.
Los tres expertos coinciden en que el debate es, sobre todo, electoral y superficial. «Insistiría en el papel promotor de la fiscalidad. No solo se trata de quitar, sino de que el gasto público tenga efectos positivos y correctores de deficiencias sociales graves», comparte Sugranyes. Larrú preferiría que se hablase de cuestiones estructurales como la energía, el agua o el clima: «¿Hablamos de los problemas que afectan a la gente o competimos por quién me vota?».
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