Está en la recta final una ley que prohibirá toda oración cerca de los hospitales, violando el derecho a la libertad de expresión y la libertad religiosa.
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Después de Isabel Vaughan-Spruce, el Padre Sean Gough. Las detenciones de activistas provida que rezan cerca del centro abortista Robert Clinic de Birmingham no cesan. Y, para empeorar aún más las cosas, el Parlamento británico está a punto de aprobar una ley que criminaliza la oración por los no nacidos.
El 7 de febrero, el Padre Sean, sacerdote católico, fue detenido y acusado penalmente de «protestar e intimidar a usuarios de servicios» en virtud de una Orden de Protección del Espacio Público (PSPO). Básicamente, la policía local le declaró culpable por rezar en silencio ante un centro abortista de Kings Norton en horario de cierre. La Fiscalía de la Corona retiró (por ahora) los cargos contra el Padre Gough, pero dejó claro que podrían volver a presentarse.
El caso del Padre Sean es similar al de Isabel, la mujer británica detenida en Birmingham el 6 de diciembre por el mismo delito: rezar en silencio cerca de la clínica Robert de Birmingham mientras estaba cerrada. En el caso de Isabel Vaughan-Spruce, los cargos se suspendieron inesperadamente la víspera de la vista judicial del 1 de febrero. El CPS concluyó «que no había pruebas suficientes para ofrecer un cuadro acusatorio realista». No obstante, se advirtió de que los cargos podrían renovarse en el futuro si surgían nuevas pruebas. Ambos casos siguen abiertos y sin resolver.
Isabel Vaughan-Spruce, sin embargo, no tiene intención de dejar el asunto pendiente indefinidamente. Declaró que su intención es obtener un veredicto claro en los tribunales en relación con los cargos que se le imputan. Isabel pretende proteger su propio nombre y proteger a otros activistas provida que puedan enfrentarse a problemas similares en el futuro. «Muchos de nosotros necesitamos una respuesta sobre si sigue siendo legal rezar en silencio. Por eso buscaré un veredicto sobre mis cargos en los tribunales», declaró. «Es vital que se aclare mi situación legal», afirmó en un comunicado difundido por sus abogados de la organización británica Alliance Defending Freedom (ADF).
La batalla de Isabel se ha vuelto más difícil ahora que está a punto de aprobarse en la Cámara de los Comunes el controvertido proyecto de ley de orden público, que permitiría la creación de zonas de seguridad alrededor de todas las clínicas abortistas de Inglaterra y Gales. La primera parte, la sección 10 del proyecto de ley, se centra específicamente en las clínicas abortistas para impedir que los activistas provida ofrezcan a las mujeres alternativas, ayuda práctica o incluso simplemente apoyo moral y oraciones.
El aumento de leyes para marginar y silenciar a los antiabortistas ha escandalizado a muchos. Ya existen numerosas leyes para proteger a las personas de comportamientos intimidatorios. Además de la protección que ofrece la Ley de Acoso de 1997, los ayuntamientos pueden decidir acordonar un lugar específico durante 150 metros para concederle la condición de PSPO si los residentes se quejan de «comportamiento antisocial» en su zona. Esto es lo que ocurrió en Kings Norton, en Birmingham, aunque las denuncias de los residentes contra los activistas que se encontraban fuera de la clínica abortista nunca fueron corroboradas. Por el contrario, la organización 40 Days for Life Birmingham demuestra que son los voluntarios provida los que son agredidos físicamente, recibiendo escupitajos, amenazas e insultos de los residentes (no de los abortistas), hasta el punto de que incluso la policía ha intervenido y en un caso un hombre tuvo que realizar un acto de «justicia reparadora», es decir, escribir una carta de disculpa a un voluntario provida por la agresión física.
El proyecto de ley de orden público, actualmente pendiente en la Cámara de los Comunes, asesta un golpe especialmente perturbador a los derechos y libertades fundamentales. El proyecto de ley, recientemente reforzado por una enmienda en la Cámara de los Lores, pretende impedir las protestas y los «comportamientos antisociales», pero también ataca descaradamente la posibilidad de ofrecer alternativas al aborto a las mujeres vulnerables. Si el proyecto de ley se aprueba tal como está, todas las clínicas abortistas se convertirán en «zonas de seguridad», excluyendo indiscriminadamente a los voluntarios provida en un radio de 150 metros. Más concretamente, la enmienda 45 del proyecto de ley contiene una cláusula que tipificará como delito a quien actúe «con la intención de influir en la decisión de cualquier persona a la hora de acceder a servicios de aborto o de facilitar su prestación, o logre imprudentemente el efecto de hacerlo».
La escalofriante introducción de un «delito de opinión» en el derecho penal británico otorga a la policía y a los agentes autorizados nuevos poderes ampliados para reprimir comportamientos que causen «molestias, acoso, alarma o peligro». Pero no está nada claro qué conducta concreta infringiría la ley, lo que deja un amplio margen de interpretación.
Resulta especialmente curioso que el proyecto incluya la oración bajo el epígrafe «protestas», como actividad delictiva si se lleva a cabo en una zona tampón. Pero, como ponen de relieve los recientes casos de Isabel y el Padre Sean, existen importantes deficiencias en una ley que no especifica cuándo la oración se convierte en delito. Por un lado, la policía podría haber sido acusada de no cumplir la ley si no hubiera detenido a Isabel y al Padre Sean por rezar, pero por otro lado el CPS, a pesar de sus esfuerzos, finalmente suspendió los cargos por falta de pruebas.
Además, los condenados por infringir la ley podrían quebrar y ver manchados sus antecedentes penales. Según la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos, los infractores se arriesgan a una multa ilimitada. Aunque se trata de una mejora respecto a la intención original de imponer hasta dos años de cárcel, una multa ilimitada por rezar un padrenuestro a un nonato es una pena desproporcionada para una actividad «delictiva» tan modesta.
El peligro inherente a esta ley fue planteado por Lord Jackson durante el debate en la Cámara de los Lores. Refiriéndose al caso de Vaughan-Spruce y Adam Smith Connor, que fue detenido el pasado noviembre en Bournemouth y multado con 100 libras por rezar en memoria de su hijo abortado, dijo que su detención «sorprendió a la gente, porque no pensaban que la oración silenciosa pudiera llegar a ser un delito en este país». También añadió que «estos casos ponen aún más de relieve los peligros para la libertad de expresión y de credo en las zonas tampón». Muestran lo rápido que una persona puede llegar a ser considerada delincuente por el mero hecho de haber tenido determinados pensamientos mientras se encontraba dentro de una «zona de seguridad».
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